Hoy cambio el tercio porque algunas personas, incluidas algunas que han tenido cáncer, desconocen que el proceso oncológico por el que han pasado deja una especie de «huella en el sistema» que les dificulta acceder, en igualdad de condiciones, a puestos de trabajo, financiación, seguros de vida o seguros de salud. Esta cuestión no es en absoluto frívola, no sólo porque la incidencia del cáncer supera los 250 mil casos anuales en nuestro país y eso son muchos trabajadores y consumidores, si no porque tal y como está montado el sistema, qué menos que eliminar otra vía de discriminación como tantas hay.

Esta iniciativa, no es nueva (aunque sí reciente), sino que es una cuestión que ya se ha venido aplicando en Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Así, el anuncio hecho por el Gobierno español (Proposición no de Ley de febrero de 2023) sigue una propuesta del Parlamento Europeo que, en relación al tema, incluye expresamente que:

• Los enfermos de cáncer no deben sufrir un «doble castigo» en su vida cotidiana, debiéndose establecer medidas contra la discriminación, así como la aplicación justa e igualitaria de las Directivas sobre servicios financieros, como la Directiva sobre créditos al consumo (punto IV.110).
• Es necesario fomentar la promoción de buenas prácticas en lo que se refiere a la integración de los pacientes y supervivientes de cáncer en su lugar de trabajo y su protección frente a la discriminación (punto IV.121).
• Ni aseguradoras ni bancos deben tener en cuenta el historial médico de las personas afectadas por el cáncer (punto IV.125).

Tanto los puntos comentados, como el resto que incluye la mencionada propuesta, son responsabilidad de los distintos organismos de gestión de los estados miembros de la UE, pero la clave de todo (y lo más triste) es: que si el Parlamento Europeo, y por extensión los Gobiernos, deben meter mano en este tema será porque algo está fallando.

Por supuesto, es legal, lícito y deseable que una empresa obtenga beneficios, faltaría más. Sin embargo, determinadas aseguradoras y entidades crediticias calculan su riesgo en base al histórico clínico de cada solicitante, ofreciendo peores condiciones o incluso denegando el servicio a supervivientes de cáncer. Este tipo de políticas dificultan aún más la vida de quien ha pasado por esta enfermedad, pareciendo que no ha sido bastante con tener un cáncer, sino que además se les debe tratar de apestados por una serie de presunciones basadas en una sola variable.

Por otro lado, a nivel laboral pueden darse dos supuestos: que las secuelas del proceso oncológico requieran de una adaptación de las funciones profesionales que se desarrollan y/o que el cáncer fuera de tipo profesional, es decir, que se desarrollara como consecuencia de la exposición a determinados carcinógenos. Estos casos también se tratan en la propuesta europea, reclamándose que se desarrollen estrategias que permitan el desarrollo de otras funciones laborales y, obviamente, que se siga trabajando en la prevención del cáncer profesional.

En definitiva, se trata de una iniciativa que viene tarde, porque hay mucho que desenmarañar en el tejido empresarial, pero que es más necesaria de lo que podría parecer.

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